El 8 de noviembre del 2001, el Gobierno de Bolivia creó el Sistema Boliviano de Productividad y Competitividad (SBPC), a través del Decreto Supremo 26391, al que le asignó la tarea fundamental de adoptar un enfoque sistémico sobre competitividad y productividad que permita orientar políticas, programas y acciones para fortalecer el sector productivo del país. El Programa de Simplificación de Trámites de la Unidad de Productividad y Competitividad (UPC), brazo operativo del SBPC, tiene como objetivo crear en Bolivia un ambiente más adecuado para establecer negocios a través de la mejora del entorno administrativo en el sector público a fin de promover la inversión productiva interna y externa.

La Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia (ADSIB), como encargada de proponer políticas, implementar estrategias y coordinar acciones orientadas a reducir la brecha digital en el país, a través del impulso de las Tecnologías de la Información y Comunicación en todos sus ámbitos de acuerdo al DS. 26553 de 19 de marzo de 2002; asume la responsabilidad como Administrador de la Guía Nacional de Trámites (GNT), a partir de mayo de 2005.

El Programa de Simplificación de Trámites se encuentra desarrollando herramientas administrativas que permitan difundir los trámites del sector público, apoyando a las necesidades de una información eficiente y transparente.

La difusión de los procedimientos administrativos a través de la Guía Nacional de Trámites pone al Estado en una vitrina, a través de la cual personas e instituciones puedan informarse sobre requisitos y etapas de los trámites que deben gestionar,  de una forma adecuada y completa que limita la existencia de la burocracia onerosa. Gracias a este sistema de información, el público puede vincularse con el sector público de una manera transparente, eficiente y puede realizar sus trámites con la seguridad de que las reglas no cambiarán.

El uso de esta tecnología respalda ampliamente los postulados de la lucha contra la excesiva burocracia en los siguientes sentidos:

• Informa a los ciudadanos sobre sus derechos de una forma equitativa y clara

• Limita la posibilidad de difusión de información inadecuada por canales no formales

La difusión pública de los procedimientos administrativos obliga a los funcionarios públicos a su cumplimiento y da a la ciudadanía la posibilidad de comparar el comportamiento del funcionario en comparación con normas y procedimientos claros y establecidos.